La jueza porteña Patricia López Vergara ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que brinde “adecuada satisfacción” habitacional a un joven inmigrante “en situación de calle”, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del caso de D.D., de 35 años de edad, oriundo de Bouaké, Costa de Marfil, quien, según las pruebas aportadas a la causa, se encuentra en un estado de “pobreza crítica” y “extrema vulnerabilidad social” y solo cuenta con sus compatriotas, quienes enfrentan la misma situación.
Asistido por un defensor oficial, D.D. solicitó que, a través de alguno de los programas habitacionales vigentes, el GCBA le proporcione una vivienda digna o un subsidio que cubra el valor de un alojamiento en esta ciudad, pero se opuso a que sea en hogares o paradores.
D.D. llegó a la Argentina hace 13 años y desde hace dos vive en esta ciudad, donde se dedicaba a la venta ambulante de bijouterie, con lo que pagaba el costo de habitaciones en hoteles familiares, pero con la pandemia de Covid-19 se quedó sin trabajo porque no pudo seguir con esa actividad.
En el fallo se evaluó que “pernocta en los sectores bancarios destinados a cajeros automáticos o cualquier otro lugar que encuentra mientras deambula por la calle durante el día” ya que “no posee ingresos” para alquilar “ni para comprarse alimentos” y cubre sus necesidades en un comedor y en una olla popular en la zona de Congreso, donde retira viandas.
La jueza recordó que “en el año 2019 el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre afrodescendientes visitó la Argentina y “observó con preocupación” que los mismos que no gozan del pleno disfrute de los derechos humanos.
La magistrada agregó que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra D.D. “se ve agudizada debido a vivir fuera de su país de origen y a las dificultades que afronta a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas”.
La resolución provisoria que mandó “arbitrar los medios para “dar adecuada satisfacción a los requerimientos habitacionales” de D.D. o, en caso de optarse por un subsidio, la entrega de 16.000 mensuales (el precio de una habitación en un hotel según se informó) incluyó la orden al GCBA de “colaborar” con el demandante “en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis”.
Fuente: Télam. Foto: ilustrativa
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