Según la organización no gubernamental Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para los ambientalistas. Fue esta región donde a fines de los años´80 nació un movimiento mundial acerca de la seguridad y el bienestar de quienes se dedican a la defensa de los derechos ambientales, tras la icónica muerte del líder social brasileño Chico Mendes el 22 de diciembre de 1988, asesinado por su oposición a la deforestación en la Amazonia.
Aunque las amenazas a la vida y a su seguridad o la de sus seres queridos representa un grave impedimento para el ejercicio de los derechos ambientales de los latinoamericanos, otro conjunto de obstáculos enfrenta a los activistas con la dificultad de obtener información ambiental, la complejidad del acceso a la justicia y la ausencia de parámetros de la participación pública en decisiones ambientalmente relevantes.
Las condiciones antes descritas impulsaron un movimiento latinoamericano que promovió la creación de un instrumento jurídico regional, sobre ambiente y desarrollo. Después de años de negociaciones, se firmó el 4 de marzo de 2018 el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú).
El Acuerdo es el primer gran pacto ambiental de la región y abre una nueva fase, ya que busca garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Argentina lo aprobó el 25 de setiembre del año pasado a través de la Ley 27.566. Y en noviembre los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro y Brenda Austin presentaron un proyecto de ley que le otorga jerarquía constitucional.
El Acuerdo de Escazú busca facilitar el acceso a la información pública y promueve la participación ciudadana en las políticas medioambientales de la región. Empezará a regir el próximo 22 de abril, jornada que por el Día Mundial de la Tierra se llevará a cabo la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, evento al que el presidente Alberto Fernández fue invitado por el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.
La incorporación de los principios y mandatos del Acuerdo regional implica un cambio en materia de transparencia y acceso a la información, aspectos que serán tratados en el Posgrado de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que comienza el 7 de abril.
A cargo del director del posgrado, el Dr. Claudio Lutzky, se desarrolla este martes la actividad "El Acuerdo de Escazú: significado, posibilidades y riesgos", una charla lanzamiento del posgrado, de la que se podrá participar a partir de las 17:00 a través de la plataforma Zoom.
📅 El próximo 2 de marzo a las 17 h se desarrollará la actividad "El acuerdo de Escazú: significado, posibilidades y riesgos" a través de la plataforma Zoom. ➕ Más información: https://bit.ly/3jUJHDf
Publicado por Facultad de Derecho, UBA en Miércoles, 17 de febrero de 2021
Un nuevo informe sobre Cambio Climático difundido el viernes último por la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que se necesita "una reducción del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 para evitar un calentamiento catastrófico y actualmente la ambición de los países solo alcanzará para disminuirlas un 1%".
La secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, indicó que se publicará un segundo informe antes de la COP26 que se celebrará este año en Glasgow, Reino Unido, en noviembre, y exhortó a todos los países, específicamente a los principales emisores que aún no lo han hecho, a que presenten sus planes lo antes posible, de modo que su información pueda incluirse en el informe actualizado.
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