La causa judicial por presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas enfrenta un doble peligro de impunidad: por un lado, al intentar reconstruir hechos sucedidos hace 39 años, y por el otro, debido a las constantes dilaciones de un expediente que lleva 14 años de trámite sin que siquiera se haya indagado a la totalidad de los exmilitares involucrados.
La investigación que comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, incluye decenas de testimonios de exconscriptos sobre supuestos estaqueamientos y enterramientos en medio del conflicto bélico de 1982.
Casi todos los sucesos se relacionan con soldados hambrientos que se procuraron su propia comida, y que por ello fueron castigados a la intemperie, aun mientras se producían bombardeos enemigos.
El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien esta semana volvió a postergar las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas.
La medida encendió el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigación, para quienes la Justicia, "lejos de querer llegar a la verdad, está haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad", según dijeron varios de esos referentes consultados por Télam.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesamientos semanas atrás, y dictó una falta de mérito, además de convalidar, por mayoría, que se trata de "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto no sujetos a prescripción.
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