El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y también asesor de Alberto Fernández realizó un análisis sobre el fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales y dijo que "se está alentando a un quiebre de la Constitución" y que al Gobierno "le corresponde la intervención de la Ciudad de Buenos Aires".
"Esta cláusula no solamente atiende a un Golpe de Estado, sino también cuando un poder sustituye a la autoridad que la Constitución le dio, es decir, cuando un poder local ejerce una fuerza por sobre otra, está alentando a un quiebre de la Constitución Nacional", afirmó.
En esa línea dijo, sin titubear, que "desde el punto de vista del Gobierno le corresponde impulsar la intervención de la Ciudad de Buenos Aires".
El letrado agregó, en una entrevista con Radio AM 530, que la intervención debería incluir a la provincia de Mendoza, en donde también “se llama a la desobediencia de una disposición del Ejecutivo Nacional” ya que allí se determinó que las clases seguirán siendo presenciales en el ámbito de la educación pública.
Consultado nuevamente por la posibilidad de intervenir esas dos jurisdicciones, Barcesat lo reafirmó: "Le están mojando la oreja, ellos dicen 'sí, ya estamos escuchando su decreto, pero nosotros en nuestro territorio vamos a disponer la presencialidad aunque seamos zona de alto riesgo'; esto es algo preocupante".
Además, planteó otra posible respuesta del Gobierno ante el fallo: “Otra iniciativa, que sería bueno que emane del Gobierno pero puede ser pedida por particulares, es el juicio político contra los integrantes de la Corte por mal desempeño". Al tiempo que añadió que el fallo del máximo tribunal “puede generar un peligro para la salud pública”.
El fallo al que hace referencia el abogado, quien es asesor de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue el que se conoció el martes pasado cuando la Corte Suprema avaló el pedido de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas.
La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Elena Highton se abstuvo de votar porque consideró que la presentación porteña no era competencia de la Corte Suprema.
En el fallo, los cuatro jueces respaldaron de manera unánime la autonomía de la Ciudad. Así lo expresaron en el escrito: "Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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