Portada  |  04 marzo 2021

El juez Casanello rechazó el pedido para indagar a Donda por el caso de su empleada doméstica

La defensa de Donda argumentó que el ofrecimiento fue "en potencial" y que no estaba acreditada "la obligación de renunciar ante el ofrecimiento". Sin embargo, fue denunciada nuevamente. También, su abogado y el director de Asuntos Jurídicos del INADI, Emiliano Montini.

Política

El juez Sebastián Casanello rechazó ayer el segundo pedido de indagatoria presentado por el fiscal Guillermo Marijuán contra la titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, a raíz de la denuncia por ofrecerle un cargo público a su empleada doméstica para saldar así un conflicto laboral privado.

El magistrado también dio la orden para realizar dos medidas de prueba que considera necesarias para darle continuidad a la investigación sobre la empleada doméstica que denunció haber trabajado en negro durante la mayoría de los 14 años que prestó servicios en el domicilio de la funcionaria pública.

Donda fue denunciada en diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, representante legal de Arminda Banda Oxa, la mujer de 62 años que tras desvincularse de la relación laboral con Donda reveló una serie de situaciones irregulares.

"Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado", señalaba la presentación judicial.

La defensa de Donda argumentó que el ofrecimiento fue "en potencial" y que no estaba acreditada "la obligación de renunciar ante el ofrecimiento".

En tanto, Donda también fue denunciada por registrar a Oxa recién en 2014, lo cual de ser cierto indicaría que la empleada doméstica estuvo en negro durante siete años.

Al recibir el expediente con el pedido de indagatoria, Casanello emitió una orden para que el INADI informe si se ha registrado alguna "resolución, acto administrativo, o contrato" para emplear a Oxa.

Y también ordenó una medida de prueba similar solicitando al Ministerio de Desarrollo Social que informe si en algún momento se inició en su administración algún tramite para que la empleada doméstica fuera beneficiada con un plan social.

Nueva denuncia por defraudación y falsedad ideológica

En tanto, ayer la Fundación Apolo, a través del letrado José Lucas Magioncalda, denunció a Donda, a su abogado y al Director de Asuntos Jurídicos del INADI, Emiliano Montini, por los delitos de defraudación agravada y falsedad ideológica de instrumento público.

En la presentación, que lleva las firmas de los letrados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, se sostiene que Montini habría patrocinado a la titular del INADI en varios procesos que ella había iniciado contra la Nación y contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, patrocinio que le está vedado como integrante del cuerpo de abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación. Incluso más grave es que, según los documentos oficiales a los que pudo acceder la Fundación, Montini habría firmado una declaración jurada en la cual omitió tal incompatibilidad.

Según aquellos documentos, fue la propia Victoria Donda la que propició la designación transitoria de Montini y certificó que el cargo que debía cubrirse se encontraba vacante y financiado.

"Esto la convierte en partícipe necesaria de los delitos en que habría incurrido su letrado", sostuvo Magioncalda.

Estos hechos, que advirtieron los firmantes de la denuncia a partir de una solicitud de acceso a la información pública, la cual el propio Inadi respondió, agregaron elementos a los que ya tenía en su poder la Fundación Apolo, pues ya se había denunciado ante la Oficina Anticorrupción a dicho organismo del Estado por una conducta que vulneraba el Código de Ética de la Función Pública. La causa (Expte. CFP 923/2021) quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal No. 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez.

Fuente: Con información de NA

Comentarios