"Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia", expresó el jueves presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter.
Y añadió: "Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido".
La respuesta de la Cancillería Colombia no se hizo esperar y este viernes lanzó un duro comunicado de rechazo.
"Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández,que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país", señalaron desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Y el escrito siguió: "El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso".
El conficto en Colombia
Una propuesta de reforma tributaria, que según expertos castigaba a la clase media, fue el punto de partida para una nueva movilización contra el presidente Iván Duque.
En medio de la crisis económica generada por la pandemia y con la pobreza y el desempleo en aumento, el mandatario presentó ante el Congreso una iniciativa que pretendía incrementar el IVA a ciertos productos y ampliar la base de tributantes.
Decenas de miles protestaron en las calles de las principales ciudades el 28 de abril.
Una semana después las manifestaciones se mantienen, en medio de disturbios que dejan una veintena de fallecidos y más de 800 lesionados.
La comunidad internacional denunció abusos de la fuerza pública durante las jornadas de protesta.
De acuerdo a oenegés y defensores de derechos humanos, la policía abrió fuego contra civiles.
Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, el malestar posconflicto pareció instalarse en un país con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.
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