Días atrás, el reporte mundial que realiza cada año la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de Estados Unidos ubicó a la Argentina en la categoría conocida como “Tier 1”, donde se consignó que el país, es una de las pocas naciones que "cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”.
El relevamiento internacional valoró, además, el esfuerzo del Gobierno argentino por “continuar demostrando trabajos serios y sostenidos para prevenir y combatir este tipo de acciones”. EE.UU. destacó una serie de medidas implementadas por el Estado argentino, entre las que se destacan la "emisión de un nuevo plan de acción nacional"; la realización de "cursos de formación especializada a las fiscalías"; y el desarrollo "de nuevas
directrices para que los inspectores del trabajo identifiquen a las víctimas”.
Según el "Informe sobre la trata de personas 2021" del Departamento de Estado norteamericano, “Argentina figura entre los países que están en mejor posición ante este tipo de acciones”, compartiendo esa clasificación con Chile y Colombia, únicos países latinoamericanos con esta distinción.
Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO, convalidó los datos del informe internacional y señaló que “en diciembre de 2020, el gobierno argentino diseño un nuevo plan para 2020-2022, que incluye 100 actividades específicas para combatir la trata” y agregó que “allí, se diseñaron tres nuevas campañas federales de concientización, dos enfocadas en la trata laboral y una en la sexual”.
El trabajo del gobierno norteamericano también puso de manifiesto que hay varias cuestiones en las que se deben ampliar los esfuerzos. El sondeo detalla que si bien “la ley 27.362 proporcionó un marco legal y más defensores públicos para asegurar los derechos y garantías de las víctimas de delitos, las víctimas y los fiscales no utilizaron esta ley en ningún caso de trata en el período del informe, por lo cual los expertos señalaron la necesidad de una asistencia a las víctimas más integrada y completa.
En ese punto, la máxima autoridad de la entidad de derechos humanos coincidió con el informe y consideró que “si bien las políticas públicas del Estado argentino muestran un gran compromiso para luchar contra el crimen organizado en la materia, también es cierto que se deberían hacer modificaciones a la norma vigente para verificar su cumplimiento y para fortificar la restitución de derechos a las víctimas”.
En esa línea, el CIPDH también realiza esfuerzos permanentes para promover e intensificar relaciones de cooperación en ámbitos de interés común en la materia, tanto en Argentina, como en el resto de Latinoamérica y el mundo y, en ese contexto celebró en las últimas semanas diferentes acuerdos con referentes de la sociedad civil y con organismos dependientes del Gobierno nacional.
Por un lado, el Centro dependiente de la UNESCO firmó hace pocas horas un convenio con Susana Trimarco, titular de la Fundación “María de los Ángeles”, para diseñar nuevos canales de trabajo que faciliten la interacción directa entre la sociedad civil y el organismo internacional de promoción de derechos humanos.
Por otra parte, se rubricó un convenio de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas. En ambos casos, el CIPDH informó que “el objeto de los acuerdos es establecer vínculos de cooperación y asistencia interinstitucional recíproca entre las partes, para promover acciones conjuntas a fin de lograr un abordaje estratégico, integral y efectivo que coadyuve a lograr una más eficiente prevención, concientización, investigación y juzgamiento del delito de trata y explotación de personas, así como sus delitos conexos”.
A su vez, Gil Lozano sostuvo que “en concordancia con las políticas públicas de lucha contra la trata de personas, el CIPDH busca aportar acciones genuinas y mancomunadas con otras instituciones para la promoción y protección de los derechos humanos, el estudio y la formación personal y colectiva y problemáticas conexas, fomentando la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana”.
Además, señaló que “este tipo de convenios comulgan con los objetivos primarios del CIPDH, constituyendo al organismo como referente internacional en materia de promoción de los Derechos Humanos, tomando, además, como característica basal de la presente gestión, el interés por ampliar su perfil en términos de lucha contra la explotación de personas en todas sus formas.
Finalmente, Fernanda Gil Lozano explicó que si bien el CIPDH funciona como una entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, bajo el auspicio y alineamiento programático de UNESCO, se busca un doble impacto: “por un lado, apuntalar cada vez más las acciones impulsadas por el Estado argentino, y, por el otro, establecer un efecto contagio con el resto de los países miembros para la generación de sinergias que promuevan la lucha contra la explotación de las personas”.
Causas
Desde 2009 se dictaron 334 sentencias por trata de personas con fines de explotación sexual y en total hubo 509 condenas, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, al conmemorarse hoy el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
El delito de trata de personas se incorporó al ordenamiento jurídico argentino luego de la sanción de la Ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" en 2008, al año siguiente se dictó la primer sentencia, y en 2012 fue reformada mediante la Ley 26.842.
De las 334 sentencias dictadas en los últimos doce años, 249 fueron condenatorias por el tipo penal de trata y otras 47 por crímenes conexos.
Las cifras, según se informó, corresponden al relevamiento que mantiene actualizado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
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