Dirigentes del kirchnerismo, ex presidentes de distintos países de Latinoamérica, actores, periodistas y funcionarios firmaron este domingo una solicitada para reclamar la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou. El pedido llega diez días después de que el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado ordene su regreso a la cárcel para cumplir la condena por el caso Ciccone.
La decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado revocó el arresto domiciliario al considerar que habían cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa, que en su momento era que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.
“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, señala el texto que fue firmado por los ex presidentes Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).
En la solicitada los firmantes cuestionaron a la Justiciar argentina y a los medios. “Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”, indicaron.
Según indicaron, “la situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal”. Además, consideraron que “un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros”, agregaron.
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