Por Bárbara García Crespo
Vanessa vivía en Argentina desde hacia mucho tiempo. La causa por la que la habían expulsado, una condena a cuatro años de prisión por hacer de "mula" para una banda de narcotraficantes, la cumplió en el país desde el 2011 hasta el 2014 en el Penal de Ezeiza de Mujeres. El problema vino después, cuando ella ya estaba reinsertada en la sociedad, había estudiado enfermería, estaba trabajando y tenía tres hijos menores de edad.
Vanessa Gómez Cuevas tiene 33 años y a principio de febrero fue expulsada por Migraciones, sin siquiera decirle que la estaban deportando. Es mamá de tres nenes argentinos: una nena de 14 años, un nene de 5 y un bebé de dos años que, como es lactante, fue expulsado con ella a pesar de ser un ciudadano argentino.
La Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño contemplan la reunificación familiar por sobre todo en estos casos. Sin embargo, a la Justicia no le importó que sus otros dos hijos, menores de edad, hayan quedado sin su madre y el chico más pequeño haya sido expulsado de su propio país. Siete meses tuvieron que esperar Vanessa y sus hijos hasta el día de hoy para volver a juntarse.
Es que este lunes, una Resolución de Migraciones levantó la prohibición de ingreso que pesaba sobre la mujer y su hijo y ahora pueden volver al país.
La historia de Vanessa comienza en el 2011 cuando es detenida en el Aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba ingresar al país una cierta cantidad de cocaina que transportaba en su cuerpo como "mula". Del 2011 al 2014, Vanessa cumplió su condena en el Penal de Ezeiza de Mujeres. En el 2014, la mujer salió en libertad y comenzó a rehacer su vida en el país: tuvo hijos, estudió la tecnicatura de enfermería y empezó a trabajar.
Sin embargo un año después, cuando quiso renovar su licencia, la Dirección Nacional de Migraciones le informó que como tuvo una condena en el país, el Estado iba a comenzar a tramitar su expulsión.
En ese momento, Vanessa se acercó a la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación para que la asesoraran y defendieran ante esta situación.
Sin embargo, tiempo antes de que se llegue a una resolución, la mujer desistió de su defensa y se quedó sin abogado. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5 a cargo de la jueza María Alejandra Biotti no le asignó una defensa oficial. Como se quedó sin defensa, la mujer no recusó la decisión de expulsara por lo que la deportación quedó firme.
Dos años después, desde la Justicia enviaron una notificación sobre la expulsión a una casa donde ya no vivía. Ella nunca se enteró y desde el juzgado nunca intentaron contactarla a pesar de tener su teléfono y su correo electrónico.
DETENCIÓN PARA LA EXPULSIÓN
El 1 de febrero una patrulla fue a buscarla y se la llevaron diciéndole que se trataba de una notificación pero en realidad era el pedido de detención previo a la expulsión. Hacía poco tiempo que Vanessa había contactado a un nuevo abogado, Juan Martín Villanueva, pero como no había recibido ninguna notificación de expulsión no estaban enterados de que se había efectivizado.
El letrado inmediatamente comenzó a realizar una serie de apelaciones, amparos y hábeas corpus para frenar la orden de expulsión de Vanessa, pero finalmente el 4 de febrero, Vanessa fue deportada. Durante siete meses su defensa junto con organismos internacionales de derechos humanos pidió la intervención en el caso hasta que finalmente este lunes llegó la resolución de Migraciones.
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