“Llegó el momento de que el sufrimiento de las familias a las que les quitaron sus bebés sea reconocido por el Estado y que esas familias sean indemnizadas”, dijo Netanyahu en un comunicado de prensa.
El Gobierno destinará una suma equivalente a cerca de 50 millones de dólares para indemnizar a los damnificados, aun cuando el premier reconoció que el dinero no reparará el “terrible” e “insoportable sufrimiento” de los familiares, según la agencia de noticias AFP.
Defensores de derechos humanos y familias de inmigrantes judíos denuncian desde hace décadas que miles de bebés fueron robados a sus padres biológicos en los primeros años tras la creación del Estado de Israel, en 1948.
De acuerdo con esas denuncias, esos bebés -muchos de ellos oriundos de Yemen pero también de otros países árabes y de los Balcanes- fueron dados a parejas de judíos askenazis que vivían en Israel o en otros países.
Siempre según los denunciantes, los médicos dijeron entonces a los padres biológicos que sus hijos habían muerto durante el parto pero no les dieron los cuerpos.
El caso provocó acusaciones de racismo y discriminación por parte de judíos sefaradíes -oriundos de España y de los países del Magreb y Medio Oriente- contra la clase dominante israelí, mayoritariamente conformada por askenazis.
“El Estado intenta silenciar las familias con indemnizaciones ridículas y parciales sin reconocer su responsabilidad en lo que sucedió”, opinó en su cuenta de Facebook la asociación Ahim Vekayamim que reúne a las familias de niños desaparecidos.
Netanyahu ya se mostró favorable en 2016 a examinar los archivos sobre este caso, pese a tratarse de documentos clasificados hasta 2031.
La justicia israelí autorizó en 2018 la apertura de tumbas de niños judíos muertos a principios de la década de los 50, además de la realización de análisis genéticos para aclarar esas desapariciones.
El Gobierno destinará una suma equivalente a cerca de 50 millones de dólares para indemnizar a los damnificados, aun cuando el premier reconoció que el dinero no reparará el “terrible” e “insoportable sufrimiento” de los familiares, según la agencia de noticias AFP.
Defensores de derechos humanos y familias de inmigrantes judíos denuncian desde hace décadas que miles de bebés fueron robados a sus padres biológicos en los primeros años tras la creación del Estado de Israel, en 1948.
De acuerdo con esas denuncias, esos bebés -muchos de ellos oriundos de Yemen pero también de otros países árabes y de los Balcanes- fueron dados a parejas de judíos askenazis que vivían en Israel o en otros países.
Siempre según los denunciantes, los médicos dijeron entonces a los padres biológicos que sus hijos habían muerto durante el parto pero no les dieron los cuerpos.
El caso provocó acusaciones de racismo y discriminación por parte de judíos sefaradíes -oriundos de España y de los países del Magreb y Medio Oriente- contra la clase dominante israelí, mayoritariamente conformada por askenazis.
“El Estado intenta silenciar las familias con indemnizaciones ridículas y parciales sin reconocer su responsabilidad en lo que sucedió”, opinó en su cuenta de Facebook la asociación Ahim Vekayamim que reúne a las familias de niños desaparecidos.
Netanyahu ya se mostró favorable en 2016 a examinar los archivos sobre este caso, pese a tratarse de documentos clasificados hasta 2031.
La justicia israelí autorizó en 2018 la apertura de tumbas de niños judíos muertos a principios de la década de los 50, además de la realización de análisis genéticos para aclarar esas desapariciones.
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