Esta jerarquía es otorgada en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación, mecanismo que posibilita que tratados internacionales de derechos humanos gocen de jerarquía constitucional, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. El mismo fue habilitado a través de la reforma constitucional de 1994.
El Acuerdo de Escazú, que fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y se sostiene en tres pilares fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Incluye también disposiciones para la protección de los defensores de los derechos humanos vinculados al ambiente.
A través de las recientes aprobaciones por parte del Congreso Nacional de la Argentina y de México se alcanzaron las 11 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de este Acuerdo, que opera pasados 90 días de los depósitos de los correspondientes instrumentos de ratificación. Si bien la Argentina ya incorporó este tratado regional a su derecho interno, aún resta el correspondiente depósito del instrumento de ratificación ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que debe realizar la Cancillería.
El diputado nacional, jefe de Bloque de la CC ARI y autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, considera que el Acuerdo de Escazú es “una poderosa herramienta que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Constituye además un instrumento de política multilateral regional, que permite concertar acciones coordinadas y unificar pautas para lograr la implementación plena y efectiva de los mencionados derechos”. Asimismo, Ferraro destacó que “la jerarquía constitucional para Escazú ha sido y es reclamada por distintas organizaciones ambientalistas y agrupaciones que impulsaron la aprobación de este Acuerdo en nuestro país y con las que hemos trabajado conjuntamente”.
Por su parte, la diputada nacional por la UCR Brenda Austin, cofirmante del proyecto, remarcó que “otorgar jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú implica reafirmar y fortalecer los derechos ambientales consagrados en nuestra Constitución, con especial énfasis en el principio de equidad intergeneracional y en la garantía de igualdad de oportunidades de todas las personas a participar en las cuestiones ambientales”.
Y agregó: “Creemos que están dadas las condiciones para dotar al Acuerdo de jerarquía constitucional por el marco de acuerdo y consenso político con el que aprobó el tratado, teniendo en cuenta que en ambas Cámaras fue prácticamente acompañado por unanimidad. Nuestra Constitución sabiamente establece una mayoría agravada, por lo que en este caso están dadas las condiciones de manera sobrada para hacerlo”.
Según los fundamentos del proyecto de ley presentado “la importancia del Acuerdo de Escazú radica en que se posiciona como una hoja de ruta consensuada a nivel regional para garantizar el respeto y el fortalecimiento de los derechos de acceso, como instrumentos que contribuyen, en definitiva, a consolidar la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos ( . . . ) la incorporación de este Acuerdo a la cúspide de nuestra pirámide jurídica, implica reafirmar el posicionamiento histórico que viene teniendo nuestro país a favor de la jerarquización de la protección de los derechos humanos, complementar los derechos y garantías reconocidos, y garantizar plenamente la vigencia de sus disposiciones dentro de nuestro ordenamiento y en cooperación con los demás Estados parte”.
Entre otros instrumentos internacionales, el Acuerdo de Escazú reafirma los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, que declaró formalmente el derecho humano a un ambiente adecuado para vivir en dignidad y bienestar, con el consecuente deber de protegerlo y mejorarlo.
“El Acuerdo de Escazú constituye un hito fundamental para la consecución de un horizonte de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, a través de un multilateralismo saludable que nos marca el camino para poder alcanzar mayores niveles de transparencia, protección e igualdad frente a los desafíos que este horizonte nos presenta”, sostiene el texto del proyecto de ley presentado.
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